¿Qué podemos esperar de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos?
Manuel F. López Corrales
Economista, miembro de COECOCEIBA - Amigos de la Tierra Costa Rica
Febrero 2003
Elementos para contextualizar las negociaciones
El inicio de las negociaciones para santificar el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con los Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés) ha generado múltiples reacciones: de entusiasta aceptación por parte de los sectores privilegiados por las políticas de Apertura Comercial, de desinterés por parte de sectores escasamente informados, de cautela por sectores temerosos de perder cuotas de mercado, o bien de decidida oposición por parte de organizaciones sociales, comunales y de distinguidas personalidades. La asimetría caracteriza nuestras relaciones con los Estados Unidos: al tiempo que ese país constituye el principal socio comercial de Costa Rica, es también cierto que nuestro país, y en general el área centroamericana, no reviste una importancia comercial estratégica para la superpotencia, al menos desde la perspectiva de los grandes números del comercio. Sin embargo, la administración Bush ha concedido especial importancia a la región tras lo que encontramos un complejo entramado de intereses donde se expresan las contradicciones de la economía global, es decir del capitalismo.
Observemos el panorama de la economía internacional. Lo verdaderamente característico es el estancamiento del crecimiento. En la prensa comercial esta crisis se evidencia en notas que se alternan para anunciarnos un día el despegue de la confianza de los consumidores y el inicio del fin del desempleo y para informarnos al día siguiente de miles de despidos y de las bajas expectativas del consumo. La crisis lleva a enfrentar una situación en la que se da un agresivo proceso de redistribución del producto mundial y sus beneficios. Obviamente esta redistribución será determinada por quienes ejercen el poder global. Este proceso no está exento de contradicciones y la opción ahora es redistribuir y concentrar la riqueza, incluso a través del reparto de la parte del pastel que acapara el capital transnacional. Esta redistribución es un proceso en extremo violento, no es casual la actual estrategia de guerra de la administración Bush que acompaña a la intensificación de los procesos de la apertura comercial a nivel global.
Entonces la economía global es la economía de la empresa transnacional que es global por el alcance y los escenarios en que se realizan sus operaciones productivas así como su toma de decisiones y sus correspondientes flujos financieros. Es pues un engranaje que demanda una enorme flexibilidad. La estrategia entonces es clara:
· sentar las bases institucionales para la flexibilización del accionar del capital global,
· profundizar el proceso de apropiación de los factores de la función de producción; estos factores serían básicamente dos: los recursos y servicios naturales y la fuerza de trabajo.
· e incorporar nuevos negocios, en sectores que precisamente suponen las mejores posibilidades de incrementar la acumulación de capital.Esta estrategia podemos sintetizarla como una agresiva apropiación de mercados. La economía global se caracteriza por crecientes esfuerzos de los centros de poder (Estados Unidos, Europa, Japón) por consolidar sus mercados, en primer término en sus áreas de influencia directa. En el caso de los Estados Unidos este proceso lo realizan bajo la bandera del libre comercio, y desde 1994 su estrategia ha recibido el nombre de Área de Libre de Comercio de las Américas.
No nos ocuparemos aquí del ALCA, sí apuntaremos un hecho que explica el interés reciente en el CAFTA. La ascensión de Lula al gobierno en el Brasil significa el mayor escollo en la ejecución de los planes de expansión de los Estados Unidos, Brasil al ser la mayor potencia económica de la región latinoamericana ha presentado diferentes objeciones a la ALCA. El ascenso de Lucio en Ecuador, las posiciones de desarrollismo nacionalista de Chávez en Venezuela y la crisis argentina son también factores que frenan la implementación del ALCA sin que este cambio de la correlación de fuerzas a nivel latinoamericano signifique su fin, simplemente señala que la velocidad de su implementación variará por lo que actualmente los Estados Unidos privilegian una política de "pequeños pasos".
Al existir ahora el Tratado de Libre Comercio de la América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) es obvio que el próximo paso es Centroamérica de lo cual hemos tenido un elocuente prólogo a través del Plan Puebla Panamá.Hay tres aspectos comunes a la región centroamericana que determinan el interés puesto por los Estados Unidos, ya se trate del CAFTA, del Plan Puebla Panamá (PPP) o del ALCA.
1. La pobreza. El 60% de los mesoamericanos son pobres, muy pobres (el 75% vive con menos de US$2 al día) y además serán desplazados de sus actividades tradicionales y hasta de sus comunidades como consecuencia de la liberalización de la agricultura, y de la ejecución de los megaproyectos del PPP, por ejemplo las hidroeléctricas en Guatemala. Se garantizará así una mano de obra barata. La región tiene cerca de 100 grupos étnicos, la mayoría de los cuales no sabe mayor cosa sobre las negociaciones de apertura comercial, a pesar de sus implicaciones.
2. Biodiversidad. Conjuntamente con el sureste mexicano, es decir Mesoamérica, nuestra región es conocida como la segunda en biodiversidad del planeta: 1.797 especies de mamíferos, 4.153 de aves, 1.882 de reptiles, 944 de anfibios, 1.132 de peces, 75.861 de plantas sin hablar de incontables microorganismos. Se estima que la región representa un 7% de la biodiversidad conocida de la Tierra. Además, los bosques de la región y sus enormes reservas de agua plantean un gran desafío a la voracidad de las transnacionales.
La Biodiversidad es hoy un recurso estratégico debido a que las tecnologías de punta hacen uso de ésta, y si es estratégica debe ser controlada, y esto es precisamente lo que busca el CAFTA, obviamente en beneficio de las compañías transnacionales norteamericanas.3. La posición geográfica del Istmo. Dada su singular posición geográfica también será un corredor terrestre y marítimo para el flujo de bienes hacia el Norte y hacia los grandes mercados de la economía global. Los Estados Unidos concentran el 80% de su economía entre el río Mississipi y la Costa Atlántica lo que involucra una gran dificultad de transportar productos hacia la costa pacífica (California) con el fin de exportarlos hacia los mercados del pacífico asiático, zona con la que los Estados Unidos desarrollan un intercambio sumamente dinámico.
No en vano señalaba el entonces presidente Reagan, el 24 de febrero de 1982, al presentar el Plan para la Cuenca del Caribe: "La región del Caribe es una arteria vital, estratégica y comercial para los EEUU. Casi la mitad del comercio estadounidense, dos tercios de nuestro petróleo importado y más de la mitad de nuestros minerales estratégicos importados pasa a través del Canal de Panamá o del Golfo de México".¿Entonces qué podemos esperar del TLC con los Estados Unidos?
El Presidente Pacheco ha afirmado que las negociaciones recién comienzan, consecuentemente no se puede adelantar resultados. Formalmente esto es cierto; sin embargo, y como bien dice nuestro pueblo por la víspera se saca el día. Es decir, podemos prever con suficiente certidumbre cuál podría ser el panorama de un tratado con los EEUU a la luz de la experiencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), a esto es conveniente sumar el perfil ideológico de "nuestros negociadores".
TRANSPARENCIA: NECESIDAD DE INFORMACIÓN PARA EL CIUDADANO
Según una noticia aparecida en el periódico El Heraldo del 6 de febrero, el señor Salomón Cohen, jefe de negociadores de Guatemala, dio las siguientes declaraciones al diario Siglo XXI de su país:
"La señora Vargo (jefa negociadora de EE.UU.), solicitó a los centroamericanos que firmáramos un acuerdo de confidencialidad para que lo que se ponga sobre las mesas no salga de ahí, de lo contrario el proceso se interrumpirá".
¿Significa esto que de nuevo estas negociaciones se realizarán bajo el mayor secretismo, es decir sin que la ciudadanía y sus organizaciones puedan informarse y definir posiciones? Esto resulta aún más preocupante si observamos la reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa que marcha a golpe de tambor y tendrá como objetivo disminuir al máximo las voces críticas y disidentes en proyectos que como un eventual Tratado de Libre Comercio con EE.UU. tendrá consecuencias profundas para nuestro país.
LA COLUMNA VERTEBRAL DEL TLC
Las actuales negociaciones del TLC con los EE.UU. no son un hecho casual o aislado, más bien obedecen a la estrategia de esa potencia por asegurar su dominio creciente, es decir el dominio de las compañías transnacionales sobre América.Esa estrategia tiene un eje fundamental, que se sintetiza en torno al concepto de "inversión". Sobre esto la Alianza Social Continental, ha publicado, el 19 de junio de 2001, el informe "El Proyecto del ALCA y los Derechos de los Inversionistas un TLCAN Plus", también podemos señalar a Maude Barlow, Presidenta del Consejo de los Canadienses, quien ha publicado un profundo análisis titulado "Área de Libre Comercio de las Américas y la amenaza para los programas sociales, la sostenibilidad del medio ambiente y la justicia social en las Américas".
Es importante indicar que fue precisamente una ONG de los Estados Unidos, el Institute for Agriculture and Trade Policy, la que hizo público el borrador del capítulo de inversiones del ALCA al poner en su página de Internet una copia que lograron filtrar.
¿Por qué es tan importante el capítulo de inversiones del ALCA que se basa en el capítulo de inversiones del Tratado de la América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés)?
Los EEUU negocian en base a lo que ya han logrado en otros procesos. Así si actualmente está en vigor el Tratado de la América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), es obvio que lo que obtuvieron en esa oportunidad lo quieran también implementar en las actuales negociaciones.
El eje del NAFTA es el llamado Capítulo 11 que va más allá que ningún otro acuerdo o tratado comercial en el mundo al garantizar una serie de derechos y privilegios a las empresas transnacionales, a los inversionistas internacionales. Su aspecto más controversial es que permite a inversionistas privados demandar a los gobiernos miembros del Tratado de manera directa y a exigirles compensaciones cuando estos incumplan cualquiera de las muchas obligaciones del Capítulo 11. Este poder sin precedentes otorgado a las corporaciones transnacionales restringe la habilidad de los gobiernos para proteger el bienestar público y el medio ambiente, así como poder asegurar que las inversiones ayuden a alcanzar objetivos para el desarrollo social y económico de los pueblos, el Capítulo 11 logra así garantizar nuevos mercados a las transnacionales norteamericanas eliminando toda una serie de medidas públicas tendientes al bienestar de las personas y el ambiente.A la luz del Capítulo 11 del NAFTA no sólo se ha impugnado exitosamente una cantidad de reglamentos sanitarios y ambientales en Canadá, Estados Unidos y México, sino que se utiliza para crear un "efecto de enfriamiento" para advertir a los gobiernos que no conviene tomar ciertas medidas reguladoras por temor de violar las disposiciones acerca de inversiones del NAFTA. Como explica el experto en aspectos jurídicos del comercio Steven Shrybman, "las disposiciones de inversionista-estado del NAFTA representan nada menos que un desvío radical de las normas legales nacionales e internacionales de por lo menos tres maneras fundamentales. En primer lugar, otorgan a las empresas el derecho de ejecutar directamente un tratado internacional del cual no son partes signatarias y según el cual no tienen obligaciones. Segundo, extienden el arbitraje comercial internacional a reclamaciones que no tienen nada que ver con contratos comerciales sino con leyes y políticas gubernamentales. Tercero, crean derechos jurídicos sustantivos con respecto a expropiación y tratamiento nacional que van más allá de los que están a disposición de la ciudadanía o de las empresas locales".
Los gobiernos deberán estar preparados a pagar un alto precio por el derecho de proteger la salud ambiental, animal y humana en el ámbito de su mandato. El abogado en asuntos comerciales Barry Appleton explica que "podrían condimentar la comida de los niños con plutonio líquido; si se lo prohíbe y la empresa productora es estadounidense, habrá que pagar una indemnización". Organizaciones como Public Citizen's Global Trade Watch han informado que Estados Unidos se ha empeñado en liberalizar el sector servicios, incluso sanidad, educación, servicios ambientales y servicios hídricos. Ligado a esto, posiblemente el mandato del grupo de negociación de acceso a mercados será seleccionar una metodología y un cronograma para la eliminación de los aranceles y las barreras no arancelarias restantes, y acordar el ritmo al que se reducirán los aranceles. Potencialmente, las barreras no arancelarias incluyen todo lo que hacen los gobiernos, incluso la prestación de servicios y la protección de la salud y la seguridad de sus ciudadanos y del ambiente. En esta lógica, los criterios de acceso a mercados menoscaban la facultad del Estado costarricense de adoptar medidas para la protección de la Salud, el Bienestar de las personas y el Ambiente, los derechos laborales, los derechos humanos y muchos otros.
EJEMPLOS CONCRETOS DE CÓMO SE HA APLICADO
EL CAPÍTULO 11 DEL NAFTA· El Capítulo 11 fue empleado exitosamente por la empresa Ethyl Corp. de Virginia para obligar al gobierno canadiense a revocar la legislación que prohibía la venta transfronteriza de su producto, MMT, un aditivo para gasolina que ha sido prohibido en muchos países y al que el primer ministro canadiense Jean Chrétien una vez denominó "neurotoxina peligrosa". S.D. Myers, una empresa estadounidense de eliminación de residuos de PCB, también amenazó con utilizar el Capítulo 11 para obligar a Canadá a revocar la prohibición de exportaciones de PCB-interdicción a la que ese país se comprometió en cumplimiento de la Convención de Basilea, acuerdo que prohíbe el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos. La compañía estadounidense encausó exitosamente al gobierno canadiense y percibió USD 50 millones por daños y perjuicios en relación con los negocios perdidos durante el corto plazo en que se mantuvo en efecto la prohibición.
· Una empresa de exportación de agua, Sun Belt Water Inc. de Santa Bárbara, California, está enjuiciando al gobierno canadiense por 14.000 millones de dólares porque Columbia Británica prohibió la exportación de agua en grandes cantidades en 1993, acción que imposibilitó el negocio de exportación de agua de la empresa en aquella provincia. Además, la empresa canadiense Methanex-la productora de metanol más grande del mundo-está enjuiciando al gobierno estadounidense debido a que California ordenó en 1999 retirar paulatinamente a este controvertido contaminante empleado como aditivo de gasolina.
· En 1996, Metalclad Corporation, una empresa estadounidense de eliminación de residuos, acusó al gobierno mexicano de violar el Capítulo 11 cuando el Estado de San Luis Potosí denegó el permiso para reabrir las instalaciones de eliminación de desechos. El gobernador del estado ordenó la clausura del sitio después de que una auditoría geológica demostró que las instalaciones contaminarían el suministro local de agua. Posteriormente, el gobernador declaró que el sitio sería parte de una zona ecológica de 600.000 acres (casi 243.000 hectáreas). Metalclad dijo que esto constituía un acto de expropiación e inició una causa por daños y perjuicios. En agosto de 2000, un tribunal del TLC expidió un fallo a favor de la empresa y ordenó al gobierno mexicano pagar USD 16,7 millones a título de indemnización.
INTERESES TRANSNACIONALES TRAS EL CAFTA
Con base en un artículo aparecido en el periódico costarricense El Financiero, nos enteramos que la Business Coalition for US-Central American Trade, conformada por compañías, cámaras y asociaciones de la empresa privada estadounidense a favor del llamado libre comercio, decidió brindar el máximo apoyo al Cafta. Esperan convencer a los Congresistas de que aprueben el Cafta a fin de preservar sus intereses en el istmo, bajo el argumento de que el acuerdo permitirá consolidar la democracia de Centroamérica a través de la generación de empleo y desarrollo.Esta coalición forma parte de la Emergency Committee for American Trade (ECAT), agrupación de 40 empresas de todos los sectores productivos de Estados Unidos que ofreció su apoyo, tanto técnico como político, para convencer a los congresistas de su país de la necesidad de aprobar este acuerdo.
El capítulo de apoyo al Cafta está copresidida por James Jarrett, vicepresidente de asuntos gubernamentales de Intel Corporation, que tiene inversiones en Costa Rica.
También la copresiden ejecutivos de alto nivel de las empresas Kellwood Company y Seaboard Marine, Ltd., firmas que comparten el patrocinio de esta coalición con Pfizer Inc., Sara Lee Corporation y Wal-Mart Stores, Inc. Algunas de las compañías que forman parte de la coalición son American International Group, Inc., BellSouth, Caterpillar, Inc., Charland Sportswear Corporation, The Coca-Cola Company, IBM, Jockey International, Inc., Liz Clairbone, Inc., The McGraw-Hill Companies, Inc., Osh Kosh B'Gosh, 3M y Warnaco, entre otras.
La firma Procter & Gamble Company es parte de esta iniciativa. Esa transnacional ha sido incorporada en la publicación de la organización Multinational Monitor: "10 peores compañías transnacionales del 2002" junto con otras influyentes transnacionales como Arthur Andersen, British American Tobacco (BAT), Caterpillar, Citigroup, DynCorp, M&M/Mars, Schering Plough, Shell y Wyeth.
Esta poco honrosa designación se debe que Procter & Gamble, fabricante del café Folger y parte del oligopolio de tostadores de café, ha contribuido al desplome de los precios del café en grano. Lo que ha producido un enorme prejuicio a productores de café en América Central, Sudamérica, Etiopía, Uganda e incluso de Vietnam. Véase http://www.multinationalmonitor.org.
También participan asociaciones norteamericanas de cámaras de comercio, agrícolas, industriales y de servicios, como la National Association of Manufacturers (NAM), la Association of American Chambers of Commerce in Latin America (ACLA), Grocery Manufacturers of America y Motion Picture Association of America, entre otros.
El vicepresidente de la NAM (que aglutina a 14.000 industriales estadounidenses) es Frank Vargo, esposo de Regina Vargo, encargada de las negociaciones del Cafta por parte de Estados Unidos, quien ha dicho que su gobierno pedirá reglas predecibles al comercio con Centroamérica. Es decir, el lobby del poder de las transnacionales está de sobra representado en el equipo negociador de EE.UU.
AGRICULTURA Y SUBSIDIOS
Según un artículo del periodista Marvin Barquero S., en La Nación del 22 de enero, el TLC con Estados Unidos tendrá ganadores y perdedores. De manera directa lo dijo desde Washington, en una conferencia vía satélite organizada por la embajada de Estados Unidos en Costa Rica, el experto en negociaciones comerciales Thomas Andrew O'Keefe quien participó en las recientemente concluidas negociaciones con Chile,
Subsidios
No es factible, consideró el experto que Estados Unidos toque los temas relacionados con los subsidios y ayudas internas. De hacerlo en tratados de libre comercio (TLC) bilaterales o regionales, debilitaría poco a poco su posición frente a socios como la Unión Europea (UE) y Japón, que también tienen esta práctica.
Chile no pudo en su negociación introducir el tema del dumping o competencia desleal y mucho menos negociar reglas para combatir eventuales prácticas de ese tipo. Eso no se logró porque, reconoció O'Keefe, grupos estadounidenses que no son competitivos sobreviven cobijados en condiciones que se eliminarían con las reglas antidumping.
El tema de los subsidios no tiene otro lugar para resolverse que no sea el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC), mientras el del dumping puede quedar para verse a escala del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Esto obliga a tener un enorme cuidado dado que por más que se llegará a lograr un ritmo "lento" en cuanto a la desgravación arancelaria nuestro mercado podría inundarse muy rápidamente de productos estadounidense sumamente baratos gracias a los subsidios y las economías de escala en esa nación, como ha quedado demostrado en el tema del arroz. Es decir, la desgravación gradual no es condición para el ejercicio pleno de nuestra Soberanía Alimentaria.
Por otra parte, recientemente el Institute for Agriculture and Trade Policy, con sede en Minneapolis, publicó un estudio sobre las políticas de exportación de los EE.UU. concluyendo que ese país ha exportado trigo, maíz y otros productos agrícolas a precios menores a los de su costo doméstico de producción. Según ese estudio, publicado a mediados de febrero, "los resultados son chocantes Los niveles de dumping están alrededor de un 40% para el trigo, entre un 25% y un 30% para el maíz, y en el caso de la soya esos niveles se han incrementado constantemente, en los últimos cuatro años, hasta cerca de un 30%... Los EE.UU. se han convertido en uno de los líderes en el dumping de productos agrícolas. El informe señala que sólo en 1998 las multinacionales establecidas en EE.UU. vendieron trigo en el exterior a un precio, por tonelada, $34 en promedio por debajo del costo de producción. Ese año las exportaciones de trigo fueron de 28,332,000 toneladas, significando descuentos por un total de $963,288,000. Esto, que es debido a los altísimos niveles de subsidio en la economía norteamericana, en la práctica significa que la producción local fue desplazada en los países importadores con todo lo que esto conlleva.
Según el artículo de Barquero, O'Keefe dijo que Chile no logró salidas a los eventuales problemas de competencia desleal porque su mercado es apenas del tamaño de una ciudad mediana de Estados Unidos. ¿Y entonces qué puede ofrecer y qué puede esperar el mercado centroamericano donde más del 60% de la población está bajo la línea de pobreza?
También podemos apelar a la realidad para analizar el impacto sobre la agricultura de un eventual TLC. ¿Y qué mejor opción que ver el caso mexicano? México, después de ocho años en el NAFTA, tiene un nivel de pobreza sin precedentes del 70%. Durante esos años el salario mínimo perdió más de tres cuartos de su poder adquisitivo. El caso del agro mexicano es sumamente revelador. A nueve años de existencia del TLCAN, la mayoría de los 25 millones de campesinos mexicanos se encuentran en bancarrota. Sin embargo, lo peor está por venir cuando se implemente este año la desgravación de los productos agrícolas.En un artículo titulado "Guerra contra el TLC" de Guillermo Correa, (Proceso, 29-12-02) se cita que "Antes del TLCAN, en 1993, México importó 8.8 millones de toneladas de granos y oleaginosas; para el año 2000 se estima una importación de más de 20 millones de toneladas, o sea, 2.3 veces más. .. En lo que va del TLCAN, las importaciones ascienden a 13 mil 606 millones de toneladas. Caso similar sucede con las carnes, fruta de clima templado y demás, compras que han desplazado a los productores nacionales, aumentando el desempleo en el campo en más de 1 millón de personas; además de que han destruido parte de la infraestructura física del país." Según los especialistas, México tiene una balanza comercial crónicamente deficitaria, con una tendencia a crecer. En nueve años de vigencia del TLCAN, el déficit asciende a 14 mil 500 millones de dólares, cifra equivalente a 4.3 veces el presupuesto para el campo en 2003 Según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la pérdida de empleos es de 1 millón 780 mil fuentes de trabajo, de las cuales casi 600 mil se relacionan a productores de granos básicos.
"De todos los porcicultores, 40% ha abandonado la actividad, lo mismo sucede con 24% de los dedicados a la papa, al arroz, al maíz...". Y así podríamos profundizar en ejemplos.
TransgénicosLas semillas modificadas genéticamente, son el paradigma de una agricultura de gran escala, puramente extractiva, destinada a los mercados externos, y son parte de un paquete tecnológico que ha vaciado el campo de su población. Así en la Argentina cientos de miles de pequeños productores y trabajadores rurales, han emigrado hacia los nuevos cinturones de pobreza de las grandes ciudades. Estos cultivos transgénicos provocan una contaminación genética irreversible y generan resistencias de las plagas y de las malezas. Además, se desconocen sus impactos sobre la salud animal y humana.
La industria impulsora de los transgénicos es la industria de la biotecnología dominada por 5 transnacionales: Monsanto, DuPont, Dow, Novartis y Aventis. Estas transnacionales son los principales promotores de la Biopiratería y patentan todas las semillas transgénicas. Según ha denunciado Public Citizen, Estados Unidos está tratando de expandir al resto del hemisferio las reglas de proteccionismo empresarial acerca de patentes, plasmadas en el NAFTA. Los Estados Unidos, Canadá, Argentina y Chile han constituido el así llamado Grupo de Miami con el objetivo de obligar a los países de las Américas a aceptar la biotecnología y los alimentos genéticamente modificados (OGM). De esta forma, niegan al agricultor el derecho de volver a sembrar su semilla cada año. El control de las semillas por las multinacionales implica el control sobre nuestra alimentación. Sobre nuestra vida.
AMBIENTESegún el "2002 Environmental Sustainability Index" editado conjuntamente por Global Leaders of Tomorrow Environment Task Force, World Economic Forum, Yale Center for Environmental Law and Policy, Yale UniversityCenter of International Earth and Science Information Network, Columbia University, en materia ambiental, los EEUU ocupan el lugar 51 de 142 países registrados en el Índice de Sostenibilidad Ambiental, por debajo aún de Honduras y de Costa Rica. Esto nos adelanta perfectamente el nivel de sensibilidad ambiental que ha de orientar la posición de los EEUU.
En el caso del Tratado de la América del Norte, los ministros del medio ambiente tienen actualmente una menor jurisdicción que sus homólogos del sector comercial. Cuando los ministros de los países del NAFTA anunciaron en diciembre de 1998 que facultarían a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCE), entidad del NAFTA que se ha convertido en un organismo de control sin poder, para examinar los casos relacionados con el Capítulo 11, transgredieron los límites establecidos por el Ministerio canadiense de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional (DFAIT) y sus instituciones hermanas de Washington y Ciudad de México. Meses después, los ministros del medio ambiente invalidaron totalmente los nuevos poderes, limitando a la entidad de tal forma que por poco casi la desmantelan.
Energía
Si bien no existe un grupo de negociación CAFTA dedicado exclusivamente a temas de energía, es muy probable que se haga eco de las disposiciones sobre energía que forman parte integral del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte. En ese marco, los negociadores crearon una política energética liberalizada, antiambiental y anticonservación, fundamentada en exportaciones generadoras de grandes ganancias a corto plazo y de alto costo, controlada por las empresas de energía transnacionales, con poco interés en el aumento de precios o en las consecuencias ambientales se sus acciones. Si se extiende al resto del hemisferio este régimen energético desregulado, tendrá consecuencias devastadoras en la lucha contra el uso excesivo de combustibles fósiles en nuestros países.
Por ejemplo, en Canadá, para cumplir con dichas disposiciones del NAFTA, se invalidaron los poderes de la entidad reguladora National Energy Board y se desmanteló la "garantía de suministro vital" que exigía que Canadá mantuviese un superávit de gas natural suficiente para 25 años. El acuerdo comercial impuso un sistema de "repartición proporcional" mediante el cual el suministro canadiense de energía a Estados Unidos está garantizado en perpetuidad. El gobierno de Canadá acordó que ya no tiene el derecho de "rechazar una solicitud de licencia o revocar o cambiar una licencia de exportación de energía a Estados Unidos", aunque fuese por razones relativas a prácticas ambientales o conservación.
Los acuerdos de libre comercio obligarán a nuestros países a comprometerse a una política energética controlada por exportaciones masivas y garantizadas a Estados Unidos, al control empresarial de las provisiones y a una política económica que depende más que nunca de la explotación de recursos primarios. Esta orientación tiene en la práctica como consecuencia la implementación de estrategias como el Plan Colombia que a costa de garantizar el control de los Estados Unidos sobre esos recursos estratégicos da pie a acciones eminentemente bélicas. No es casual el establecimiento de la Escuela Internacional de Policía.
Energía no solo es petróleo, también significa electricidad lo que atañe de forma directa a nuestro país el cual ya ha sido seleccionado, dentro de la estrategia regional del Plan Puebla Panamá, para asumir un papel de suministro de electricidad a partir del recurso hídrico lo que implica enormes impactos ambientales y sociales negativos de esta modalidad de generación eléctrica: tendencia a fragmentar el ecosistema del río, el cambio en los patrones de flujo de los ríos, desplazamiento de poblaciones, efectos sociales y culturales negativos a las comunidades, efectos negativos ecológicos sobre flora, fauna acuática y terrestre, productividad agroindustrial desplazada, cambios al paisaje y otros más. Además, es cada vez mayor el efecto sinergético ambiental que ocasiona una cadena de proyectos en una cuenca (por ejemplo en la cuenca del Sarapiquí), no solamente los efectos individuales de un solo proyecto.
Agua
De igual manera, es improbable que, bajo el CAFTA, Estados Unidos no extienda las disposiciones del NAFTA con respecto a recursos hídricos. Estas disposiciones establecen un mercado continental de agua lo que supone una enorme presión particularmente en cuanto al agua para uso de las comunidades y de hecho anticipa los planes de privatización del suministro de agua. En Costa Rica actualmente existen serios conflictos en cuanto al uso del agua, por ejemplo la lucha de las comunidades de Guanacaste (Lorena) para garantizar su acceso sostenible al agua contra la transnacional hotelera Meliá. El Capítulo 3 del NAFTA establece obligaciones, incluso derechos de tratamiento nacional, con respecto al acceso a mercados para el comercio de bienes. Utiliza la definición de "bienes" del Acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio (GATT) que claramente incluye "aguas, incluso aguas naturales o artificiales, y aguas aireadas". Según los artículos 315 y 309 del NAFTA, ningún país puede reducir o restringir la exportación de un recurso una vez establecida su comercialización. Además, ningún gobierno puede imponer un impuesto a la exportación o cobrar más a los clientes de otro país del NAFTA que a los clientes nacionales. Las exportaciones de agua estarían garantizadas: cuanto más agua se exporte, más será el caudal que se deberá exportar; y aunque se llegara a determinar que el movimiento masivo de agua daña el medio ambiente, dichos requisitos continuarían en vigor.
Si cualquier gobierno intentase mantener los servicios de agua en manos del Estado, las empresas transnacionales tendrían enormes derechos de indemnización según el Capítulo 11. Esta pérdida de control público del agua es absolutamente inaceptable para países como Costa Rica. Las empresas transnacionales de minería, energía, agua, ingeniería, silvicultura y pesca tendrían nuevo acceso a la base de recursos invalorables de cada país y contarían además con el derecho de impugnar a cualquier gobierno que tratase de limitar dicho acceso, valiéndose de las disposiciones de inversionista-estado. La habilidad de los gobiernos, es decir del Gobierno costarricense, para proteger el bienestar integral de los ciudadanos, el ambiente o establecer normas ambientales con respecto a la extracción de recursos naturales se vería sensiblemente reducida al igual que el derecho del garantizar que las actividades de las empresas extranjeras generen empleos locales.
BANCA Y REGULACIONES SOBRE INVERSIONES FINANCIERASEl analista Oscar Azócar, en un artículo publicado en la revista electrónica Rebelión, el pasado 26 de diciembre del 2002, nos alerta sobre cómo en el TLC entre EEUU y Chile, se han incorporado medidas en cuanto a inversiones financieras. La eliminación del "encaje" fue una de las principales exigencias norteamericanas para la firma del TLC, lo cual significa que no habrá controles para las idas y venidas del capital norteamericano, particularmente del capital financiero de corto plazo, los llamados capitales golondrinas, que podrán circular sin ningún tipo de cortapisas. El gobierno se amarró las manos, pues sólo podrá intervenir a través de las llamadas "cláusulas de desastre", lo que no resiste ningún análisis, pues la única posibilidad de calificar de "desastroso" un evento es cuando éste ya ha tenido ocurrencia, y no se entiende como podrían controlar una fuga de capitales ya ocurrida.
Con la eliminación del encaje, se crean todas las condiciones para que en cualquier momento se desaten fuertes inestabilidades, de diferente signo dependiendo de la dirección que adopten los movimientos de capitales, los cuales ya con su fuerte ingreso en los años 1996 y 1997 en la realidad chilena, se constituyeron por los desequilibrios originados en una de las causas principales de la recesión iniciada al año siguiente. Obviamente, el efecto desestabilizador es aún más fuerte cuando los capitales salen."La lección que dejan estas experiencias - escribieron Ricardo French-Davis y el secretario ejecutivo de la Cepal, José Antonio Ocampo, en su artículo "Globalización de la volatilidad financiera: desafíos para las economías emergentes" - es que durante un ajuste estructural, con cuentas de capital abiertas (especialmente cuando el financiamiento internacional es abundante ) los flujos de capital pueden incrementarse muy rápidamente y producir efectos macroeconómicos y sectoriales desestabilizadores". "Consecuentemente - añaden -, no resulta prudente abrir la cuenta de capital en forma indiscriminada, sobre todo a la luz de la importancia crucial que tiene la estabilidad macroeconómica y en vista de la desproporción que existe entre el volumen de los mercados de capitales internacionales comparados con las pequeñas economías emergentes".
Este tipo de desregulación presenta un peligro estratégico para una pequeña economía como la costarricense, donde especuladores internacionales podrían provocar un desplome económico de un día para otro, de esto hay mucha evidencia y es interesante leer lo que ha escrito el conocido especulador financiero George Soros.
PROPIEDAD INTELECTUAL
"Nunca imaginé que la gente llegaría a patentar plantas y animales. Eso es básicamente inmoral y contrario a la visión Guaymí de la naturaleza y nuestro lugar en ella. Patentar material humano tomar ADN humano y patentar sus productos constituye una violación de la integridad de la vida misma, y de nuestras convicciones morales más profundas"
Presidente del Consejo Mayor Guaymí, al tomar conocimiento del patentamiento de los genes de una mujer Guaymí.
Los Derechos de Propiedad Intelectual constituyen uno de los temas principales en los procesos de negociaciones comerciales, ya sea a nivel de la Organización Mundial del Comercio, del Área de Libre Comercio de las Américas, o bien del TLC con Estados Unidos. Estos derechos se han extendido a un amplio rango de invenciones y de áreas muy sensibles implicando incluso la privatización de formas de vida incluyendo la humana, del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, de las semillas, lo que conocemos como biopiratería.
EE.UU. impulsa una agresiva agenda de reconocimiento en este tema concretamente en lo relacionado con sistemas de patentes, y por ende con marcas. Un eventual TLC podría traer serias consecuencias a nuestra Biodiversidad y nuestro Patrimonio Genético, y afectar muy sensiblemente la política de compra de medicamentos genéricos de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Según La Nación del lunes 3 de febrero se calcula que por esta razón la Caja estaría pagando alrededor del 1,000 por ciento más por medicinas. ¿Podría la Seguridad Social soportar esa carga, y cuáles serían las consecuencias al no poder hacerlo?
CONCLUSIÓNEl Tratado de Libre Comercio Centroamérica Estados Unidos sintetiza el modelo de integración que el capital transnacional ha diseñado para nuestras economías. Un modelo de integración basado en la dependencia económica y en la explotación de la mano de obra barata y escasamente organizada de nuestros países y en la apropiación de nuestros recursos naturales, incluyendo nuestro patrimonio genético.
Consideramos evidente que el CAFTA también obedece a la política de "pequeños pasos" de los EEUU para garantizar su expansión a todo el hemisferio, y a la consolidación de sus posiciones dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que precisamente tendrá una de sus más decisivas rondas de negociaciones en el mes de setiembre en Cancún, México, donde sin ninguna pretensión sensacionalista podemos decir que se estará negociando el futuro de la Humanidad cuando se negocien temas como: Agricultura, Derechos de Propiedad Intelectual, Organismos Genéticamente Modificados, Inversiones, Turismo, Energía, Servicios.
Por último, en oposición a estas propuestas del capital transnacional vislumbramos la posibilidad de un proyecto alternativo de región el cual se ha de construir sobre la capacidad de las comunidades de decidir localmente cuáles son sus propias necesidades, y en qué medida necesitan del comercio internacional, regional o local. En otras palabras, las economías locales deberán tener la posibilidad de elegir hasta qué punto quieren ser autosuficientes y generar su propia riqueza y fuentes de trabajo, al mismo tiempo que mantienen abierta la opción al comercio. Por supuesto, se requieren de sistemas democráticos y participativos de toma de decisiones económicas, tanto a nivel nacional como internacional.
La integración de los pueblos centroamericanos tendrá como meta la satisfacción de las necesidades de todas las personas, con base en un uso equitativo y sustentable de los recursos. La erradicación de la pobreza, la sustentabilidad social y cultural, la equidad intergeneracional y la dignidad humana deben ser objetivos claves. Incluso, debemos avanzar hacia un modelo de administración democrática no burocrática de los niveles de producción y consumo. El trato preferencial y diferenciado para los países y pueblos empobrecidos debe ser un componente integral de una verdadera estrategia de integración y de desarrollo hacia la Sustentabilidad que no podrá alcanzarse a través de acuerdos que, como el CAFTA, están concebidos para asegurar la hegemonía del interés comercial como el interés de unas cuantas transnacionales que hoy controlan la riqueza de la Humanidad.
