Kioto
y teoría económica
Juan
Manuel Villasuso
Los
pobres de la tierra.org
18
de febrero del 2005
La
Convención Marco sobre el Cambio Climático, conocida
también como Protocolo de Kioto, finalmente entró
en vigencia.
Después
de ser aprobado en la Cumbre celebrada en diciembre de 1997, este
acuerdo internacional, que impulsa una serie de políticas
encaminadas a la reducción de emisiones de gases de invernadero
en los países industrializados, ha enfrentado el rechazo
directo de Estados Unidos, que produce más de la tercera
parte de estos gases, y de algunas otras naciones que aducen para
su oposición el alto costo económico que tendría
la adopción de medidas restrictivas.
Si
bien la aplicación del denominado "mecanismo de desarrollo
limpio" que promueve Kioto no es la solución integral
a los problemas de contaminación, sí se considera
que permitirá a los países industrializados disminuir
sus esfuerzos domésticos de reducción de emisiones,
mediante actividades realizadas en los países en vías
de desarrollo.
Pero
las implicaciones concretas que en términos económicos
tendrá globalmente la aplicación del Protocolo de
Cambio Climático no son fáciles de determinar.
Y
es que, en general, evaluar los costos y beneficios del medio
ambiente no es una tarea sencilla. En muchos casos no existen
mercados en los cuales se pueda determinar el precio de los bienes
del ambiente, como el agua cristalina de los ríos, la belleza
de un paisaje, el canto de las aves o la sombra de un árbol
centenario. Es por ello que la estimación de esos precios
resulta difícil y controversial.
La
tarea es adicionalmente compleja por el hecho de que las interrelaciones
prevalecientes al interior de los distintos ecosistemas (y entre
ellos) no han sido estudiadas en todas sus magnitudes y dimensiones,
por lo que pueden ocurrir (y de hecho ocurren) situaciones imprevistas,
irreversibles y de consecuencias altamente perjudiciales. Peor
aún, existe evidencia concreta de que los costos que conlleva
el deterioro ecológico se incrementan a través del
tiempo en forma más que proporcional.
Cuando
se trata de los recursos agotables o de contaminaciones irreversibles,
el principio metodológico de que la asignación de
recursos responde a las preferencias expresadas por los agentes
económicos encuentra una dificultad fundamental: muchos
de los agentes económicos relevantes aún no han
nacido y no pueden, por tanto, expresar sus preferencias. Una
tasa de descuento específica para dar un valor actual a
la demanda futura implica una determinada actitud, o valoración
ética hacia las próximas generaciones.
A
pesar de la importancia y trascendencias que esta valoración
ética tiene, lo cierto es que los actuales modelos de crecimiento
no la toman en cuenta adecuadamente. El sacrificio en el consumo
presente, que posibilita un aumento de la inversión, únicamente
se compara con el valor actual descontado del incremento del consumo
futuro, atribuido a la inversión suplementaria del periodo
actual.
Esta
limitación teórica, que resta validez a la aplicación
de los reconocidos conceptos financieros de "costos y beneficios",
ha llevado a muchos especialistas en esta materia a argumentar
que la sostenibilidad, y no la eficiencia en la asignación
de los recursos, debe ser el criterio principal que oriente las
decisiones ambientales.
No
es razonable suponer, como lo hace la economía convencional,
que la presente generación tiene todos los derechos para
explotar los recursos naturales y para alterar de manera irrestricta
los balances ecológicos. Las futuras generaciones también
deben ser tomadas en cuenta.
Es
con base en esta visión que el desarrollo sostenible ha
sido definido como "un desarrollo que satisfaga las necesidades
del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones
para satisfacer las propias" (Comisión Brundtland).
El concepto, por lo tanto, conlleva una tasación que trasciende
lo económico y se acerca a lo moral y ético, imponiendo
a la utilización del medio ambiente límites que
tomen en cuenta los derechos de los hombres y mujeres del mañana.
Todavía
falta mucho trabajo teórico e imaginación para hacer
operacional el concepto de sostenibilidad y, sobre todo, para
hacerlo compatible con los objetivos de competitividad, que demanda
el modelo de apertura comercial, y de equidad, que exige la estabilidad
social y política. Contribuir a ese esfuerzo creativo es
el reto que enfrentan todos aquellos economistas que se atreven
a ver mas allá del mercado.
Tal
vez la aprobación del Protocolo de Kioto pueda contribuir
a estimular ese trabajo.
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