Posición de la Asociación Costarricense
de la Defensa Pública sobre la ILEA
14 de octubre del 2003
Organización ocupada de los temas propios de las ciencias penales
y en cumplimiento de su objetivo de desarrollar un pensamiento critico
sobre ellos, desea manifestar su oposición a la aprobación
del Proyecto de Ley: "Creación de la Academia Internacional
para el Cumplimiento de la Ley", fundamentando su posición
en lo siguiente:
· La vinculación -aún cuando no es expresa- que
se proyecta entre la mencionada Academia y el Poder Judicial pone en
peligro principios propios del Estado de Derecho, como la independencia
judicial y la separación de poderes, generando una fuerte influencia
en la definición del perfil del operador judicial.
· El grado de incidencia que la constitución de la Academia
tendrá -directa o indirectamente- sobre la definición
de la política criminal y de persecución criminal y en
el diseño de la legislación en el campo del derecho penal,
reducirá la posibilidad que tienen todos/as los/as costarricenses
de discutir y definir estos temas de forma democrática.
· La falta de consideración de la multilateralidad del
tratado -a pesar de influir en importante cantidad de países-
incide en el debilitamiento de la posición que han ocupado en
el derecho internacional organizaciones como la ONU o la OEA, las cuales
han realizado significativos aportes en el ámbito de la criminalidad
internacional, y afecta la consolidación de la Corte Penal Internacional.
· El reconocimiento de que la orientación ideológica
que tendrán los cursos no será neutra -no puede serlo-
y que el perfil que se exigirá a los/as capacitadores/as y la
concepción de derechos humanos que influirá los programas
de estudio no se definirá de forma participativa, sino que estará
determinada por los requerimientos de quienes impulsan y financian la
propuesta, nos hace sostener que la misma contraría nuestra soberanía
y los principios democráticos.
Manifestamos así nuestra posición e intención
de convocar a un proceso de reflexión al interno del Poder Judicial
que contribuya al debate nacional sobre el tema,
Roberto Madrigal Zamora. Presidente
Enriqueta Rojas Aguilar. Vicepresidenta Alexis Hernández Moreira.
Secretario
Elizabeth Montero Mena. Tesorera Alejandro Rojas Aguilar. Vocal
Mariana Brenes León. Vocal Lilliana García Vargas. Fiscal
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