Acuerdo del Colegio de Abogados de Costa
Rica:
Academia con EEUU
lesiona soberanía y valores costarricenses
§ Planes de estudio, designación de directores, profesores
y estudiantes, entre muchos otros aspectos, no van a estar en manos
de autoridades costarricenses
§ Es inconveniente dotar de status diplomático, inmunidades
y exoneración de impuestos, a grupos que, como castas militares,
residirán y se entrenarán en nuestro país
§ Se pretende atar al Poder Judicial, a través de la obligada
participación de policías, jueces, fiscales y defensores
públicos, en programas de estudio en los que nada tienen que
opinar las autoridades judiciales del país
§ Es inadmisible acuerdos bilaterales con impacto regional, en
momentos en que el mundo procura el fortalecimiento de la institucionalidad
y legalidad internacionales
La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Costa Rica ante la discusión
que se sigue en la Asamblea Legislativa del "Acuerdo entre el Gobierno
de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República
de Costa Rica sobre una Academia Internacional para el cumplimiento
de la ley", en defensa de los más altos valores e intereses
patrios señala a la comunidad nacional.
1. - Resulta altamente lesivo al principio de soberanía, la instalación
en territorio nacional de una Academia cuyas prioridades político-criminales,
los planes de estudio, la designación de sus directores, profesores
y estudiantes, entre muchos otros aspectos, no van a estar en manos
de autoridades costarricenses. De la misma manera es inconveniente dotar
de status diplomático, inmunidades y exoneración generalizada
de impuestos, a grupos que, como castas militares, residirán
y se entrenarán en nuestro país.
2. - Es también inadmisible que se llegue a acuerdos estrictamente
bilaterales sobre temas altamente sensibles, con impacto regional, en
momentos en que el mundo debe procurar el fortalecimiento de la institucionalidad
y legalidad internacionales (seriamente dañadas en los últimos
tiempos), así como fortalecer las iniciativas para una justicia
universal a través de instancias y tribunales multinacionales.
3. - Resulta del mismo modo improcedente que contando Costa Rica con
centros de capacitación idóneos como la Escuela Nacional
de Policía y la Escuela Judicial, se comprometan altísimos
recursos económicos, para aportar a un proyecto que no responde
estrictamente a las necesidades que tiene el país en estos campos.
4. - Con particular preocupación vemos que quiera atarse al Poder
Judicial de Costa Rica, a través de la obligada participación
de policías, jueces, fiscales y defensores públicos, en
programas de estudio en los que nada tienen que opinar las autoridades
judiciales del país, al margen de los esfuerzos de planificación
que se han hecho en este campo. En este punto hay obvios problemas de
legalidad y constitucionalidad que deben preverse.
5. - Existen evidentes riesgos de colocar a Costa Rica en el centro
de cruzadas o guerras declaradas, bajo el pretexto de combatir ciertas
formas de criminalidad que pueden llevarnos a una total inseguridad
y desestabilización institucional e incluso a convertirnos en
objeto de atentados terroristas.
6. - Se hace un llamado a las señoras y señores diputados
para mantener la esencia pacífica, democrática y civilista
de nuestro país. El prestigio que gozamos en el concierto de
naciones se debe a la instalación en nuestro territorio de instituciones
internacionales que cultivan la paz universal, la prevención
del delito, el respeto a los derechos humanos o el desarrollo económico
y social. No podemos comprometer ese prestigio en razón de la
iniciativa que, contra todos los valores y tradiciones costarricenses,
se nos pretende imponer.
San José, 7 de agosto de 2003.
Dr. Manuel Amador Hernández, Presidente
MSc. José Manuel Arroyo Gutiérrez, Vice-presidente
Dra. Rosa María Abdelnour Granados, Secretaria
Dr. Paul Rueda Leal, Tesorero
Licda. Dunia Chacón Chavarría, Fiscal
MSc. Christian Hess Araya, Vocal
M.A. Pablo Duncan-Linch, Vocal
Lic. Fabio León Zárate, Vocal
Licda. Patricia Madrigal Cordero, Vocal
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Publicado en el diario La Nación el 11 de agosto del 2003.
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