Escuela policial en etapa decisiva
Fernando López
Semanario Universidad, N°.1539
Agosto del 2003
La recta final para decidir si se aprueba el proyecto legislativo de
creación de la Academia Internacional para el Cumplimiento de
la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés) será una realidad
en las próximas semanas ante su posible llegada a dicusión
en el plenario.
El debate sobre esta escuela judicial está acalorado en la
Comisión Legislativa de Asuntos Internacionales donde se discute
el proyecto en primera instancia, mientras otros temas como el financiamiento
de las campañas públicas acaparan las páginas de
los principales diarios nacionales.
En las dos últimas sesiones de esa comisión se dieron
fuertes debates sobre la conveniencia de que dicha academia se instale
en Desamparados de Alajuela.
La mayoría de los integrantes del Partido Liberación
Nacional (PLN) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), así
como del Movimiento Libertario, aprueban el proyecto de ley N°15.215
para que pase a plenario. El diputado Juan José Vargas, del Bloque
Patriótico, reconsidera su posición de apoyarlo.
"DEBEMOS HACERLO"
El Ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, considera conveniente
que esa academia se instale en Costa Rica para brindar capacitación
especializada a ciertos jueces, fiscales, policías de investigación,
funcionarios de aduanas y de migración según dijo a este
Semanario.
Aseguró que no se obligará a esos representantes a llevar
los cursos, que la academia no tendrá carácter militar
y negó que vendrán instructores que hayan estado vinculados
con la violación de los derechos humanos.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia decidió el 14 de
julio que debía conocer de previo el contenido de los cursos
que llevarían dichos funcionarios judiciales y, ante todo, se
reservará el derecho de aceptar esas capacitaciones.
También el Colegio de Abogados se mostró escéptico
porque considera que la ILEA lesiona la soberanía nacional y
los valores costarricenses. De ahí que esté en desacuerdo
con otorgarle al personal estadounidense que laboraría en la
academia el rango diplomático para que goce de exención
de impuestos.
A estas voces se han unido las de la Universidad de Costa Rica (UCR),
el Instituto Tecnológico (ITCR) y la Universidad Nacional (UNA),
que también consideran lesivo el hecho de que una institución
de carácter jurídico sea organizada en el país
cuando ya existe personería judicial capacitada en el tema de
narcotráfico, lavado de capitales, tráfico de personas
y terrorismo internacional. Por tanto, se manifiestan en contra de que
la ILEA radique en el país.
El proyecto legislativo busca la vigilancia del gobierno costarricense
y de Estados Unidos para regular la persecución y castigo de
la llamada "criminalidad transnacional" (tráfico de
estupefacientes, blanqueo y lavado de capitales, entre otros).
Según el acuerdo, Costa Rica aportaría las instalaciones
para el desarrollo de las actividades de la academia, así como
el mantenimiento y vigilancia de dichos espacios físicos aparte
del personal administrativo de apoyo.
El gobierno estadounidense se encargaría de la totalidad de
los costos relativos a los programas ofrecidos, el equipo necesario
para la operación de la academia, de los vehículos, y
tendrá presupuesto disponible para remodelaciones.
PLEITO POR AUDIENCIAS
Luego de un intenso debate, la Comisión de Asuntos Internacionales
decidió por mayoría que comparezca el Presidente de la
Sala Tercera Penal, Daniel González. Él opinaría
sobre lo que dispone el Derecho Internacional respecto de una academia
de este tipo.
Además, se acordó convocar a Alfredo Chirino, Director
de la Escuela Judicial o en su lugar a Mateo Ivancovich, subdirector
de esa dependencia.
Aprobar la moción para que estos funcionarios se presenten no
fue nada fácil por la diversidad de criterios que externan los
diputados.
Esta iniciativa se acordó luego de que en sesión del
12 de agosto se puso a discusión por los diputados del PAC y
fue inicialmente rechazada. Al final hubo acuerdo en convocar a los
representantes estatales para que opinen del tema.
En el seno de esta comisión legislativa se encuentran legisladores
que ven inconveniente el establecimiento del ILEA, especialmente por
razones geopolíticas, como Rodrigo Alberto Carazo del PAC.
Él considera "tremendamente lastimoso que el Poder Ejecutivo
acceda tan contento a la solicitud de instalación de esta academia.
El presidente Abel Pacheco dijo por la prensa que será utilizada
para la capacitación policial, no solo de jueces".
La ILEA "no tiene ninguna conveniencia para el país, ningún
beneficio, más bien genera puntos en contra como la mala imagen
que va a proyectar Costa Rica", aseveró.
Para este legislador el desarrollo de academias de este tipo en algunos
países se debe a la política exterior de Estados Unidos,
especialmente desde 1990. "La forma de instalarlas y de vender
la idea a cada nación ha sido diferente entre la época
del expresidente Bill Clinton hasta ahora con George W. Bush".
Algunas se conformaron en Hungría (1985), Tailandia (1999),
Bostwana (2001) y Nuevo México (EE.UU) (2001). Para el hemisferio
occidental está propuesta Costa Rica.
Pese a las aseveraciones de Carazo, la International Law Enforcement
Academy (ILEA) insiste en que la academia pretende capacitar a los funcionarios
encargados del desarrollo de todo el proceso de la justicia criminal
y no se brindará ningún tipo de instrucción militar.
Así lo acordaron mediante notas diplomáticas el gobierno
costarricense y el de Estados Unidos con fechas de 16 y 19 de agosto
del año pasado. (Ver recuadro adjunto: ¿Por qué
aquí y ahora?).
A GOLPE DE TAMBOR
Para Epsy Campbell, del PAC, hace tres semanas el proyecto legislativo
iba a "golpe de tambor" en su aprobación pero se pudo
frenar lo que ella denomina un indebido apresuramiento, en parte, por
publicaciones aparecidas en la prensa.
Se trata de "una academia que no es abiertamente militar, más
bien es policial, coherente con la política exterior de los Estados
Unidos. (...) El funcionamiento de esta academia tiene una lógica
de enclave. Ni siquiera es como un alquiler de espacio, nosotros también
debemos pagar para que funcione. (...) Es grave que se le den prerrogativas
a sus integrantes como si fueran funcionarios diplomáticos y
muy decepcionante que no se le brinde la discusión que merece
en el parlamento".
Otro que hace cuestionamientos de este tipo es el legislador liberacionista
José Miguel Corrales.
Él coincide con la diputada Ruth Montoya, del PAC, en el sentido
de que este tipo de centros de capacitación podrían utilizarse
como blanco de ataque en futuros actos terroristas contra Estados Unidos.
"No puede haber condicionamientos a las enseñanzas de tipo
jurídico o de lo que sea", dijo.
Aseguró que el artículo 156 de la Constitución
Política califica al Poder Judicial como el único que
debe manejar el ámbito jurídico nacional. "El derecho
no se enseña con ataduras. No pueden existir condicionamientos
a las enseñanzas de esta disciplina. Ni siquiera se han mostrado
los perfiles sobre lo que se va a instruir".
Dale Johnson, sociólogo estadounidense
que trabaja en el Institute for Central America Development Studies
-ubicado en San José- recalcó que este tipo de programas
latinoamericanos para la seguridad se presentaron, en el pasado, de
una manera que escondió sus verdaderos propósitos.
"La ILEA es una parte pequeña de un programa más
grande de los Estados Unidos para fortalecer un aparato represivo de
escala mundial", destacó.
Algunas organizaciones civiles, como el Colectivo Pablo Presbere, aseguran
que el país corre de nuevo el riesgo de tener academias militares
subrepticias en suelo nacional como ocurrió en el pasado.
"NO ES ASÍ"
Una posición muy diferente asume el presidente de la comisión,
Rolando Laclé, para quien la ILEA no es un ente "de entrenamiento
militar", sino un organismo internacional como existen otros en
el país que han buscado una imagen de neutralidad para instalarse
aquí. Entre ellos se encuentran la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, la Universidad para la Paz y el Instituto Centroamericano
de Administración de Empresas (INCAE).
Este representante logró aprobar una moción para que
la Sala Constitucional se pronuncie sobre las "declaraciones interpretativas"
que pretenden precisar o interpretar el contenido de las normas de un
tratado. Así, según Laclé, se vigilaría
-entre otros factores- en qué va a consistir la capacitación
dada mediante los cursos para funcionarios tanto nacionales como de
Latinoamérica y El Caribe.
Uno de los diputados que apoyó esa iniciativa y quien constituye
uno de los defensores más ardientes de la ILEA es Federico Malavassi,
del Movimiento Libertario.
Para él, la capacitación que se podrá dar es buena
porque se enseñarán algunos procedimientos como "la
cadena de custodia de la prueba, la argumentación en juicio,
la estructura del manejo procesal, el respeto a las garantías
de los imputados y el seguimiento del delito internacional".
"La pericia en estas áreas se va a desarrollar en nuestro
sistema si se permite la llegada de la ILEA", dijo.
Puso como ejemplo que la Doctrina Miranda -la cual no se aplica aquí
según su criterio- podrá ser aprendida mediante instructores
estadounidenses. Consiste en explicarle a un arrestado sus derechos,
"evita el brutalismo policial y la prisión sin condena".
"La ILEA no será una academia militar. Para eso Estados
Unidos tiene un sistema bien desarrollado en Europa. Será más
de un enfoque jurídico, para saber enfrentar el delito desde
el punto de vista técnico. Si se dice otra cosa es que no se
ha estudiado el proyecto".
Lo mismo considera Colón Bermúdez, profesor de relaciones
internacionales de la Universidad Nacional y exasesor en seguridad durante
los gobiernos de José María Figueres y Daniel Oduber.
"El país sacará grandes ventajas de tener aquí
una academica científico-técnica para la preparación
de policías. La Fuerza Pública tiene una gran necesidad
de que se le prepare mejor. Necesitamos una asistencia técnica
de alto nivel para que nuestros policías puedan hacer frente
a la delincuencia".
El especialista reconoció que "por supuesto la academia
es parte de la estrategia global de los Estados Unidos, pero, ¿por
qué nos tiene que asustar eso? No creo que la satanización
de ese país deba justificar un cierre de las puertas al convenio".
POR QUE AQUI Y AHORA
El gobierno estadounidense consideró adecuado instalar en Costa
Rica la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA,
en inglés), luego de que les fue rechazada tal posibilidad en
El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Ecuador y Panamá.
Las gestiones para instalarla en el país se dieron desde 1997
cuando era gobernante José María Figueres, pero las conversaciones
no fructificaron.
Sin embargo, el 6 de junio de 2002 se logró la firma del convenio
para instalar ese organismo en el país. Esto ocurrió 28
días después de la llegada al poder del actual Presidente
de la República, Abel Pacheco. Para entonces, este mandatario
ya había sostenido una reunión con el presidente de Estados
Unidos, George W. Bush.
En mayo de 2003 la iniciativa para instalar la ILEA fue enviada por
el Poder Ejecutivo para ser analizada en la Comisión de Asuntos
Internacionales. Por una moción presentada por el Partido Unidad
Social Cristiana (PUSC) y el Movimiento Libertario, se pasó al
primer lugar de la agenda.
El Embajador de Estados Unidos en el país, John Danilovich,
afirmó que si a finales del año pasado la Asamblea Legislativa
no votaba el acuerdo entre esa nación y Costa Rica para instalar
la citada escuela aquí, el gobierno de su país no descartaba
ubicarla en otro lado, un asunto que no ocurrió pese a que todavía
se discute el proyecto en la Asamblea Legislativa.
FUENTES: Diarios La Nación, La República y el Heraldo
(junio y agosto de 2002), así como el documento "Academia
Internacional para el Cumplimiento de la Ley: América Latina",
publicado el año pasado.
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