La lucha aislada de EEUU contra la CPI

Irune Aguirrezábal Quijera

Monitor de la Corte Penal Internacional

Setiembre 2003

Como parte de la campaña estadounidense dirigida a
lograr la exclusión de sus ciudadanos y personal
militar de la competencia de la CPI, el gobierno de
Bush se ha acercado a distintos gobiernos para tratar
de concretar Acuerdos Bilaterales de Inmunidad
(ABI), también llamados acuerdos relativos al
"Artículo 98". Estos acuerdos prohíben la entrega a la
CPI de una amplia gama de personas, incluyendo a
funcionarios de gobierno actuales o antiguos,
personal militar, empleados y ciudadanos
estadounidenses (incluidos contratistas). Estos
acuerdos, que en algunos casos son recíprocos, no
contemplan la obligación de que EEUU someta a esas
personas a una investigación y/o enjuiciamiento.

Se dice que estos acuerdos bilaterales propuestos
por EEUU se basan en el Artículo 98.2 del Estatuto de
Roma; sin embargo, éstos constituyen en realidad
una clara violación de las intenciones de los
negociadores y van más allá de la letra y el espíritu de
dicho artículo. Los que redactaron el Estatuto no
previeron situaciones de impunidad, sino que más
bien buscaron crear un sistema que ponga fin a la
impunidad de graves crímenes, de conformidad con
el principio de complementariedad. Como lo
reconoce David Sheffer, ex embajador
estadounidense para crímenes de guerra y jefe de
negociaciones en la conferencia que redactó el
Estatuto de Roma, en declaraciones al Wall Street
Journal publicadas el 20 de septiembre de 2002: "la
intención original de los acuerdos contemplados en
el Artículo 98 era garantizar que los Acuerdos sobre el
Estatuto de las Fuerzas (Status of Forces Agreements,
SOFAs) no se vean comprometidos y que los
estadounidenses en misión oficial estén
específicamente protegidos por acuerdos que
cumplen los términos del Artículo".

Hasta la fecha, aproximadamente 50 países han
firmado acuerdos bilaterales de inmunidad con
EEUU, pero sólo unos cuantos los han ratificado. La
mayoría de los países que concretaron un acuerdo lo
han hecho bajo intensa presión de EEUU. En algunos
casos, la firma de estos acuerdos bilaterales ha estado
vinculada a la Ley de Protección para los Soldados
estadounidenses (American Servicemember´s
Protection Act, ASPA), una ley estadounidense que
autoriza el retiro de ayuda militar estadounidense a
Estados Partes de la CPI que no hayan firmado un
ABI antes del 1 de julio de 2003.
Los miembros de la OTAN y los
aliados no-miembros (Egipto,
Jordania, Israel, Australia,
Argentina, Nueva Zelanda, la
República de Corea y Japón) y
Taiwán están explícitamente
exentos de esta ley, que está
dirigida a los Estados Partes del
Estatuto de Roma. Las
disposiciones del ASPA también
confieren al Presidente Bush la
facultad de otorgar exenciones a
esos países por razones de
seguridad nacional de EEUU.

Adicionalmente, el gobierno de
Bush ha estado haciendo uso de
objetables tácticas diplomáticas
que van más allá de las
disposiciones del ASPA:
amenazando a países pobres de todas las regiones del
mundo para que o incumplan sus obligaciones
internacionales o de lo contrario se atengan a la
pérdida de vital apoyo financiero y político
estadounidense. Ha trascendido que Stephen
Rademaker, Secretario de Estado Asistente de EEUU,
habría amenazado con denegar los beneficios del
programa Nuevos Horizontes, que incluye fondos de
ayuda en caso de huracanes y servicios dentales y de
veterinaria rurales, a países de la Comunidad del
Caribe. De acuerdo a un antiguo funcionario del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria, EEUU
habría amenazado con suspender proyectos de
cooperación y desarrollo si Nigeria no firma un
acuerdo bilateral de inmunidad. El Embajador de
EEUU en Bahamas, Richard Blankenship, ha
advertido públicamente que si Bahamas se niega a
apoyar la postura norteamericana sobre la CPI, una
cantidad significativa de ayuda sería retenida,
incluyendo la ayuda destinada a pavimentar e
iluminar las pistas del aeropuerto. En el caso de
Bulgaria, la pérdida de ayuda militar ha sido
vinculada a la membresía de la OTAN. El Embajador
de EEUU en Croacia, Lawrence Rossin, ha llegado a
publicar una carta en la prensa de Zagreb advirtiendo
que Croacia perdería 19 millones de dólares en ayuda
militar si no firma un acuerdo de inmunidad.

A pesar de la intensa presión, varios países se
han resistido a firmar un ABI, y el 1 de julio el
gobierno de Bush anunció su intención de
materializar la amenaza de cortar la ayuda militar a
35 Estados Partes, entre ellos Brasil, Bulgaria, la
República Central Africana, Colombia, Croacia,
Estonia, Fiji, Perú, Eslovenia, Sudáfrica, Tanzania y
Trinidad y Tobago. Entre los programas afectados
figuran el financiamiento militar extranjero o la
educación y el entrenamiento militar internacional.

Ese mismo día, el presidente Bush lanzó un
memorandum desde la Casa Blanca mediante el cual
se otorga exención del ASPA por distintos periodos
de tiempo a 22 países, para permitir que aquellos
Estados que han firmado un ABI puedan ratificarlo
en sus parlamentos. Algunos países recibieron
exenciones de cuatro meses (ya que al parecer
firmaron un ABI antes del 1 de mayo), y muchos
otros que firmaron un acuerdo después del 1 de
mayo han recibido una exención de seis meses. Un
selecto grupo de países recibió una exención por un
periodo de tiempo indefinido.

La Coalición saluda a aquellos países que se han
resistido a firmar los ABI y hace un llamado a que los
Estados sigan defendiendo la integridad del Estatuto
de Roma y el derecho internacional. Las ONGs y los
organismos intergubernamentales han denunciado
que estos acuerdos son ilegales y que constituyen
una violación del Estatuto de Roma y del derecho
internacional, pues abren la puerta a la impunidad
de aquellos que cometen infames crímenes de lesa
humanidad.

La Unión Europea, por ejemplo, ha hecho
públicas las Conclusiones del Consejo de Asuntos
Comunes (General Affairs Council) y los "principios
rectores" que establecen que los acuerdos propuestos
por EEUU son claramente incompatibles con el
Estatuto de Roma y con los compromisos adquiridos
en otros tratados internacionales que marcan las
pautas que deben regir a cualquier acuerdo (incluidos
los acuerdos ya celebrados). El 16 de junio de 2003, el
Consejo de la Unión Europea aprobó una nueva
Posición Común sobre la CPI, haciendo un llamado
a que los países miembros de la UE eviten la
celebración de los ABI y se comprometan a:
"continuar, según sea el caso, llamando la atención
de terceros Estados sobre las Conclusiones del
Consejo del 30 de septiembre de 2002 y sobre los
Principios Rectores de la UE anexos, que se refieren a
las propuestas de acuerdos o arreglos respecto a las
condiciones para la entrega de personas a la Corte."
Posteriormente, el 25 de junio, la Asamblea
Parlamentaria del Consejo Europeo adoptó la
Resolución 1336, "Amenazas a la Corte Penal
Internacional," que condena los acuerdos por violar
el Estatuto de Roma y el derecho internacional y
expresa su apoyo a aquellos países que han resistido
la presión estadounidense.

La Comunidad del Caribe (CARICOM) también
ha hecho pública una declaración sobre los acuerdos
bilaterales propuestos por EEUU, reafirmando "su
firme apoyo a los principios y objetivos de la CPI" y
condenando las acciones estadounidenses orientadas
a la retención de ayuda militar a seis países del
CARICOM que son Estados Partes de la CPI.
Asimismo, varios países han rechazado públicamente
la firma de acuerdos bilaterales de inmunidad, entre
ellos Brasil, Canadá, Estonia, Perú, Sudáfrica y
Trinidad y Tobago.

De hecho, EEUU se encuentra aislado en su
agresiva, irrespetuosa e injusta campaña orientada a
debilitar la autoridad y eficiencia de la CPI. Las
víctimas y la comunidad internacional ven a EEUU
como a una superpotencia hegemónica que rechaza
someterse al imperio de la ley y que a la vez busca
imponer su propio orden a otros países y ciudadanos.
La intención estadounidense de crear un sistema
doble de justicia, uno para el resto del mundo y otro
para los estadounidenses, es sencillamente
inaceptable. EEUU no puede ponerse por encima de
la ley. En un reciente artículo aparecido en Foreign
Affairs (Mayo/Junio 2003), Michael J. Glennon
cuenta que James Madison tuvo que afrontar el
mismo dilema al redactar la Constitución. "La
pregunta era por qué el poderoso debe obedecer la
ley. La respuesta de Madison fue que el incentivo
yace en una evaluación de las futuras circunstancias,
en la perturbadora posibilidad de que el fuerte se
pueda volver débil y necesite entonces la protección
de la ley... La hegemonía, entonces, genera una
tensión con el principio de igualdad."

Irune Aguirrezábal Quijera es Coordinadora para Europa
de la Coalición de ONG por la CPI.

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