Grupos sociales suman quejas

Eduardo Ramírez Flores

Semanario Universidad

Agosto del 2004

La marcha que realizaron el 29 de julio grupos
sociales para protestar contra las políticas
socioeconómicas de la administración de Abel Pacheco,
tuvieron una nutrida participación.

Mientras el Gobierno aplica la táctica de rebajar el
salario a los trabajadores que participen en paros
laborales, los empleados públicos y los grupos
sociales no han dudado en sumar quejas a la lista del
descontento que los llevó a realizar una marcha
numerosa y suspensión nacional de labores el pasado 29
de julio.

Miles de personas marcharon por las calles de San
José, y realizaron concentraciones frente al
Ministerio de Hacienda, la Procuraduría General de la
República, y la Sala Constitucional (Sala IV), para
exigirles que cumplan con las demandas que les han
planteado.

Con una representación de las organizaciones sociales
más importantes del país, las personas expresaron en
las calles su malestar contra el aumento salarial
ofrecido por el gobierno (4%), la intención de afectar
las condiciones de jubilación, y el Tratado de Libre
Comercio (TLC) con Estados Unidos.

La convocatoria al paro nacional la hizo la
Coordinadora Unitaria Sindical y Magisterial (CUSIMA),
la cual agrupa al 70% de los empleados del sector
educativo, agremiados en entes como la Asociación
Nacional de Educadores (ANDE), y el Sindicato de
Trabajadores de la Educación (SEC).

Al movimiento se sumaron también el Frente Interno de
los Trabajadores (FIT) del Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE), la Unión Nacional de Empleados de
la Caja Costarricense del Seguro Social (UNDECA), la
Unión de Empleados del Instituto Nacional de Seguros
(UPINS), y Asociación Sindical de Trabajadores de
Acueductos y Alcantarillado (ASTRAA), y familias que
luchan por la finca Bambuzal.

De igual manera, participaron los sindicatos del
Patronato Nacional de la Infancia, del Banco Nacional,
del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Compañía
Nacional de Fuerza y Luz, de las universidades
estatales, del Consejo Nacional de Producción y de la
Refinadora Costarricense de Petróleo.

Si bien el gobierno le restó méritos al paro nacional
y los grupos sindicales le atribuyeron un apoyo no
menor al 70%, lo cierto es que al menos tres cuadras
de la avenida segunda en San José lucieron una
presencia nutrida de manifestantes, mientras se
realizaba la concentración frente a las oficinas del
ministro de Hacienda, Alberto Dent, ubicadas en el
edificio del antiguo Banco Anglo Costarricense.

ARREMETIDA CONTRA DENT

Cerca del mediodía, durante más de una hora el
ministro Dent fue el blanco de las protestas y de los
insultos de los dirigentes sindicales que se turnaron
el uso de la palabra a través de los distintos equipos
de amplificación de sonido móviles. Al inicio se
guardó un minuto de silencio por las personas
asesinadas en la embajada de Chile.

Denis Cabezas, coordinador operativo de la CUSIMA,
abrió los fuegos contra el Ministro de Hacienda, a
quien acusó de ser un instrumento de los poderosos y
de los neoliberales. "No venimos a negociar, sino a
exigir, pues los derechos no se piden: se arrebatan
cuando no los dan", advirtió.

Por su parte, Jorge Arguedas -coordinador del FIT-
aseguró que la claridad política que hoy los tenía
allí reunidos, debe ser también el motor para luchar
contra quienes desean robar el modelo social que tiene
el país.

Danilo Rojas, presidente de la Asociación de
Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), criticó que no
haya dinero para mejorar los salarios de los empleados
públicos, pero sí para promover el TLC y pagarles
jugosos sueldos a sus negociadores, y tampoco se
recaudan adecuadamente los impuestos.

Tras la manifestación frente a Hacienda, la marcha de
los trabajadores continuó a la Procuraduría General de
la República, en donde se quejaron por la acción de
inconstitucionalidad que este órgano presentó y que
anularía la facultad del Tribunal Superior de Trabajo
para resolver sobre pensiones de los servidores del
sector educativo.

A dicha instancia la acusaron los dirigentes
magisteriales de haber dejado de ser un órgano legal
neutral del Estado y pasar al servicio de los partidos
políticos en el poder.

Posteriormente los marchantes se dirigieron a la
entrada de la Corte Suprema de Justicia, en donde se
aloja la Sala Constitucional y en cuyas manos está
resolver la referida acción interpuesta por la
Procuraduría.

GOBIERNO ¿SIN NORTE?

En relación con el incremento de los factores que
llevan a las organizaciones sociales a protestar
contra el gobierno del mandatario Abel Pacheco, la
socióloga Silvia Lara dijo no estar segura de que en
los próximos meses aumente este tipo de manifestación,
aunque sí se han acumulado los motivos.

Lara considera que la población costarricense
reacciona cuando las personas que pueden hacer algo no
lo hacen y en este caso la válvula de escape a las
responsabilidades del gobierno lo constituye la
reforma fiscal y la imposibilidad gubernamental de que
la Asamblea Legislativa la apruebe.

Entonces, el gobierno se lava las manos y le echa la
responsabilidad al Movimiento Libertario, y en esa
medida al pueblo no le queda claro quién es el
verdadero culpable. Esta situación dificulta convocar
a una lucha más fuerte contra un objetivo definido,
explicó.

En criterio de Lara -expresidenta del Instituto Mixto
de Ayuda Social en esta administración y ahora
dedicada a dar consultorías- el gobierno ha tenido la
habilidad de evadir en cierto grado su responsabilidad
y no convertirse en el enemigo.

En cuanto a las amenazas del gobierno de recortar la
inversión social si no se aprueba la reforma fiscal,
percibe esta medida como una extorsión para la opinión
pública y "pone en evidencia una falta absoluta de
visión sobre cuáles son las prioridades de
desarrollo".

Esta -recordó Lara- ha sido una tendencia de este
gobierno, pues cuando arrancó su gestión y había
déficit "lo primero que hacen es reducir el curso
lectivo. Pero...¿en qué cabeza cabe esto; por qué no
dejan de hacer un puente o una calle...?

Una opinión similar externó la exdirectora de la
Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de
Costa Rica -Juany Guzmán-, quien estima que hay un
proceso de acumulación de descontentos variados, con
temas de distinta índole, como el TLC y las pensiones.

La politóloga cree que el gobierno no debería de
subestimar estas protestas ni fijarse nada más en la
capacidad de convocatoria o la cantidad de
participantes, sino en el contenido: cuáles son las
razones por las cuales las personas reclaman, para
asumirlo como una llamada de atención.

Si la gente -agregó- siente que el gobierno no da
respuesta a sus demandas, esto puede motivarlos en
mayor medida a participar en nuevas protestas, que
podrían ser más grandes.

Guzmán considera que hay cierto letargo del gobierno
en materia de diálogo, al poner las protestas como una
irresponsabilidad de la clase trabajadora y no lo
contrario.